PALABRA POR PALABRA. Desigualdad privada
Publicado en el diario La Opinión A Coruña (suplemento Saberes) el día 12-7-2014
Estos días, una
sentencia del Tribunal Supremo ha declarado nulo el concierto educativo que la
Xunta de Galicia mantenía con cinco colegios que separan a los alumnos por sexo,
algunos de ellos pertenecientes al Opus Dei. Es decir, colegios privados que
año tras año están recibiendo alegremente fondos públicos para educar a sus
exclusivos alumnos de la exclusiva manera que a ellos, a sus creencias
religiosas y a su libre albedrío mejor les parece. Hay quien opina que cada
familia, cada congregación religiosa, cada clase social, incluso cada
asociación de vecinos, tiene derecho (ya se sabe que en estos casos se tienen
siempre muchos derechos… incluso el de obviar ciertas obligaciones) a educar a
sus miembros conforme a su particular visión del mundo. Pero en una sociedad
verdaderamente democrática, garantizar ese derecho es posible, gracias,
precisamente, al cumplimiento de otras obligaciones que nos imponemos todos
para preservar la salud del sistema y de los ciudadanos que debemos formar para
el futuro. De ahí que, como nos dice Fernando Savater en El valor de educar, “El sistema democrático tiene que ocuparse de
la enseñanza obligatoria de los neófitos para asegurar la continuidad y
viabilidad de sus libertades: es decir, por instinto de conservación. Educamos
en defensa propia”. Existe, por lo tanto, una suerte de compensación entre la
educación que nos imponemos como sociedad y la que se transmite de padres a
hijos. Se trata de ampliar el conocimiento, no de estrecharlo, buscar una base
común que nos permita, de verdad, ejercer nuestra libertad individual sin
perjuicio del buen funcionamiento colectivo. En el ámbito privado, los padres
son libres de transmitir a sus hijos sus valores y convicciones, pero la
sociedad debe garantizar que esos hijos tengan también la oportunidad de
acceder a otros conocimientos a pesar de sus progenitores: “El niño va a la
escuela para ponerse en contacto con el saber de su época, no para ver
confirmadas las opiniones de su familia” (Savater, de nuevo). Pero, dejando a
un lado esta discusión acerca de si en la enseñanza privada vale todo o debería
de someterse a un control estatal básico, “un homologador control de calidad”,
resulta perturbador que se destine dinero público a financiar colegios privados
con un sistema educativo que fomenta la desigualdad y una ideología muy, pero
que muy, particular.
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